Falsos Positivos

LA VERDAD SOBRE LOS FALSOS VÍNCULOS DE ÁLVARO URIBE CON LOS FALSOS POSITIVOS

Sea lo primero señalar que el Presidente Uribe siempre ha repudiado estos crímenes y ha pedido las más severas sanciones sobre los responsables.

Ahora bien, lo cierto es que en Colombia se reportan falsos positivos desde el año 1988. En concreto, según informes de la Fiscalía General de la Nación y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Colombia se han reportado casos de falsos positivos desde 1978. Por lo tanto, los falsos positivos no nacieron durante el gobierno del Presidente Uribe.

Por otro lado, los falsos positivos tampoco fueron el resultado de lineamiento o incentivo alguno impartido a las fuerzas militares durante el gobierno del Presidente Uribe. La verdad es que desde el día 1 de su gobierno y cuando se trataba de neutralizar cualquier actor delincuencial, la política del Presidente Uribe fue clarísima priorizando las desmovilizaciones por encima de cualquiera otra alternativa disponible, luego las capturas y, sólo como último e inevitable recurso, las bajas en combate.

Los resultados hablan por sí solos. De todo el conjunto de criminales neutralizados:

  • 51% correspondió a desmovilizaciones,
  • 36% a capturas,
  • Y sólo 13% a bajas en combate

Más aún, se hizo tanto énfasis en la política de desmovilización y reintegración que, mientras en 2002 sólo alcanzaron a desmovilizarse 7 personas, para el año 2003 las desmovilizaciones se habían disparado a 3,505.

Desde luego, no debe sorprender que los oscuros y enconados enemigos del Presidente Uribe hayan insistido en señalarlo como responsable de los falsos positivos afirmando, falsamente y sin pudor alguno, que su gobierno puso en marcha un sistema de recompensas a militares por bajas en combates, es decir, una política de conteo de cuerpos.

Absurdo.

NUNCA se ofrecieron recompensas a integrantes de las Fuerzas Armadas, mucho menos por bajas en combate. En las diferentes unidades de la Fuerza Pública colombiana han existido desde siempre, y por supuesto desde mucho antes del gobierno Uribe, esquemas de incentivos al pie de fuerza consistentes en permisos de salidas, pero nunca remuneraciones económicas y menos aún fundamentados en bajas en combate.

Tampoco se puede perder de vista que, iniciando el gobierno del Presidente Uribe, su equipo en el Ministerio de Defensa puso en marcha un riguroso protocolo de transparencia e investigación, independiente a la propia Fuerza Pública, cada vez que había una baja en combate. En efecto, el protocolo estableció que, cada vez que hubiera una baja en combate, ningún integrante de la Fuerza Pública podía tocar el cadáver, incluyendo a quienes habían participado en la operación.

El protocolo también obligó a que el levantamiento del cadáver se realizara in situ, de tal manera que la escena de los hechos no pudiera ser alterada. Gracias a todo esto, los levantamientos de cadáveres tras operaciones militares se empezaron a realizar por parte del CTI de la Fiscalía en el lugar de los hechos y sin alteración alguna.

Como si todo lo anterior fuera poco, en el año 2006 el Ministerio de Defensa y la Fiscalía General de la Nación firmaron un convenio interadministrativo para que las investigaciones de las operaciones militares estuvieran a cargo de la propia Fiscalía. Lastimosamente, la Fiscalía terminó abusando del convenio y convirtió toda baja en combate en un proceso penal en contra de quienes habían participado en la operación.

En efecto, durante los años en que Álvaro Uribe Vélez fue Presidente de Colombia 1,200 integrantes de la Fuerza Pública fueron procesados por falsos positivos, de los cuales casi la mitad fueron finalmente absueltos por falsas acusaciones, no sin antes haber sido sometidos a la humillación y a una detención injusta.

En últimas, si en algo se excedió el gobierno del Presidente Uribe no fue precisamente en incentivar bajas en combate y mucho menos falsos positivos, sino en todo lo contrario, incluso abriendo el espacio a que la Fiscalía General de la Nación abusara de su poder con detenciones, acusaciones y condenas injustas en contra muchísimos integrantes del Ejército colombiano.

Más importante aún, NO existe un solo testimonio en contra de Álvaro Uribe o algún funcionario de su gobierno que indique que se hayan dado órdenes a la Fuerza Pública de asesinar a civiles para hacerlos pasar por bajas en combate a cambio de recompensas.

No cabe duda de que la narrativa que se ha tejido sobre el Presidente Uribe y los falsos positivos es una fábula más de aquellas que sus furiosos enemigos han tejido impunemente para denigrarlo, calumniarlo y enlodarlo, buscando vengarse así del hombre que finalmente arrinconó por la vía de la legalidad a todas las fuerzas del narcotráfico y el terrorismo en Colombia.